La Presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, le envió una nota al Presidente de la Nación Alberto Fernández para incorporar al temario de Sesiones Extraordinarias el tratamiento del proyecto de creación del Plan Federal de Capacitación de carácter continuo, permanente y obligatorio, en derechos de los niños, niñas y adolescentes, que ya cuenta con media sanción de la Cámara baja, aprobada por unanimidad.
Al respecto, Moreau indicó que “genera una política de Estado para trabajar en la prevención y detección temprana de la violencia contra los niños, niñas y adolescentes” y señaló “entendiendo que una de nuestras mayores responsabilidades es asegurar el desarrollo pleno y armonioso de las infancias, por ello la urgencia, ya que cada día cuenta en la protección de los más vulnerables”.
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El proyecto, que fue aprobado en la Cámara baja por unanimidad con 228 votos afirmativos en noviembre pasado, está inspirado en el caso Lucio Dupuy, el niño que murió debido a los golpes sufridos en la provincia de La Pampa, en el que fueron acusados su madre y pareja, y en el que el próximo 2 de febrero se conocerá la sentencia.
Las sesiones extraordinarias comenzarán esta semana, y la Ley Lucio quedó afuera del temario que concluye 27 proyectos, entre ellos: Alcohol Cero al Volante, Juicio Político a la Corte Suprema, y la creación de Universidades Públicas, entre los más difundidos.
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Los puntos más destacados del Proyecto de Ley en homenaje a Lucio Dupuy:
- Capacitación obligatoria. Destinadas a funcionarios de los distintos poderes del Estado e integrantes de las diferentes áreas que intervienen en estos casos en todos sus niveles y jerarquías, en materia de derechos de la infancia y violencias contra niñas, niños y adolescentes.
2. Campañas de concientización. Campañas de concientización sobre violencia y vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes, en medios nacionales, provinciales y entidades públicas nacionales. El objetivo es visibilizar la violencia y la vulneración de derechos de los menores «deben contener de forma clara y precisa la información sobre cómo denunciar situaciones de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes en cada jurisdicción. Además, deben brindar información que permita reconocer indicadores sobre posibles hechos de violencia contra niños, niñas y adolescentes»
3. Protocolo de acción conjunta. Establecer un protocolo de actuación para las fuerzas de seguridad, instituciones educativas y de salud y demás organismos administrativos de niñez y autoridad judicial con competencia en familia. Unificar criterios a nivel nacional, que garantizan la trazabilidad de las denuncias y establecer mecanismos accesibles y apropiados para garantizar la igualdad del acceso del niño, niña y adolescente al servicio de Justicia.
5. Deber de comunicar. Exigir a los miembros de los establecimientos educativos y de salud, públicos o privados y todo agente o funcionario público que tuviere conocimiento de la vulneración de derechos de las niñas, niños o adolescentes que «deberá comunicar dicha circunstancia ante la autoridad administrativa de protección de derechos en el ámbito local o autoridad judicial competente, bajo apercibimiento de incurrir en responsabilidad y falta grave por dicha omisión».
4. Activación de la línea 102 a nivel nacional. Otro de los puntos solicita la activación de la línea 102 a nivel nacional. La provincia de La Pampa fue justamente la última en incorporarse. El objetivo es favorecer la promoción y protección de derechos de niñas, niños y adolescentes. La normativa establece que el Poder Ejecutivo Nacional deberá asegurar su funcionamiento a nivel nacional y la trazabilidad de las denuncias realizadas.
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