El proyecto de ley de Regulación del Acceso a la interrupción voluntaria del embarazo ingresó ayer al Congreso, luego del anunció del presidente Alberto Fernández, junto al Plan de los 1.000 días, un proyecto de atención postaborto y la Ley Nacional de Atención y Cuidado Integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia
“Cada año se hospitalizan alrededor de 38.000 mujeres por abortos mal realizados. Desde el regreso de la democracia murieron más de 3.000 mujeres por esa causa. La legalización salva vida de mujeres y preserva sus capacidades reproductivas ” Alberto Fernández.
El presidente Alberto Fernández emitir un mensaje en redes sociales para anticiparlo “es responsabilidad del Estado cuidar la vida y la salud de quienes deciden interrumpir su embarazo durante los primeros momentos de su desarrollo” afirmó.
Ambos proyectos fueron parte de su primer discurso ante el Congreso Nacional en marzo pasado, antes que llegara la pandemia de coronavirus.
La Cámara de Diputados se prepara por novena vez, para debatir la legalización del aborto, luego de años de idas y vueltas legislativas que no lograron modificar el encuadre legal de la interrupción del embarazo, establecido en 1921 en el Código Penal.
El último proyecto, aprobado en el 2018 por la Cámara de Diputados pero rechazado por el Senado, fue promovido por la Campaña por el Aborto Seguro, Legal y Gratuito, un espacio federal compuesto por numerosas organizaciones, que tuvo su puntapié inicial en el país en el 2003 en el Encuentro Nacional de Mujeres (ENM).
La iniciativa del Poder Ejecutivo llegó al Congreso junto a otra propuesta: el Plan de los 1000 días. La iniciativa apunta a acompañar, proteger y apoyar integralmente a las embarazadas, puérperas y niños y niñas de hasta 2 años y está basado en un esquema que rige en San Juan desde 2016.
El proyecto de interrupción voluntaria del embarazo divide las aguas en el Congreso sin importar la pertenencia política de cada legislador. También es cierto que el Frente de Todos tiene mayor cantidad de diputados verdes (a favor) y Juntos por el Cambio, de celestes (en contra).
Según trascendió la intención del oficialismo es, por un lado, “seguir ajustando los números” y, por otro, evitar las confrontaciones que se produjeron en 2018, cuando los legisladores sufrieron escraches por la posición que asumieron con respecto a la iniciativa.
El proyecto será analizado -a diferencia del 2018- en las comisiones de Mujeres y Diversidad, creada en diciembre último y que se constituirá en cabecera del debate; la de Legislación Penal y la de Salud.
Ante el panorama de paridad, los diputados tanto del oficialismo como de la oposición identificados como ‘verdes’ ya se preparan para el debate y confirmaron que hasta el momento hay 129 legisladores a favor de la legalización -como ocurrió en 2018- y 116, en contra.
Esos mismos números manejan los legisladores ‘celestes’ y, por eso, resulta central, según confiaron a Télam desde ambos sectores, convencer a los once legisladores que aún permanecen indecisos, en su mayoría pertenecientes al FdT.
Un poco de historia
El primer proyecto de ley para la despenalización y la legalización ingresó al Parlamento en 2007 y se reiteró en 2010, 2012, 2014, 2016, 2018 y 2019, cada vez con un número mayor de diputados y diputadas firmantes.
Pese a ello, hasta ahora, la presentación de propuestas en el Congreso no garantizó que esas iniciativas lograran ser discutidas en comisión o en los recintos de las cámaras, por lo que esos intentos perdieron estado parlamentario y naufragaron.
En el proceso, el texto fue actualizado y revisado en numerosos foros organizados por la Campaña, a la luz de los avances que se fueron sucediendo, como la Guía Técnica para Abortos no Punibles, el fallo FAL, la reforma del Código Civil y la Ley de Identidad de Género.
