La Pampa 2025
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Fuente: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación Argentina.
La problemática generada por la discapacidad, su impacto en la persona y en su entorno familiar, determina una difícil realidad.
La inclusión constituye uno de los fenómenos de mayor trascendencia de los últimos años, pero la realidad nos dice que la discapacidad, permanece amarrada a la discriminación, la indiferencia y el sobre proteccionismo.
En nuestra sociedad, existen factores que activan mecanismos de exclusión y segregación.
La necesidad de revisar las políticas sobre discapacidad, es una materia pendiente, largamente postergada, con intento de soluciones a través de leyes o proyectos de cumplimiento y aplicación parcial.
Certificado Único de Discapacidad
El otorgamiento de Certificado Único de Discapacidad (CUD) no tiene un lineamento claro y su control, es arbitrario. Es el mecanismo de mayor injusticia, hacia las personas con discapacidad. Lo reciben por igual personas con alteración funcional transitoria, adictos, poli artralgias o discapacitados.
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Su renovación es cuestionable para el verdadero discapacitado, debido a que difícilmente cambie esta condición y es un trámite burocrático, de difícil cumplimiento para la persona o para la familia.
Es un acto de discriminación e indiferencia pedir renovación en determinado diagnóstico y un despropósito otorgarlo o renovarlo en otros.
Se debe generar una lista de patologías prevalente y trazadoras de discapacidad de actualización mensual, con el debido proceso de análisis a cargo de equipos multidisciplinarios. Una canasta básica de prestaciones, beneficios para el portador de este certificado, y no debe ser igual para todos.
Las acciones orientadas a la inclusión de personas con discapacidad, el crecimiento de abordajes terapéuticos y las tecnologías asistivas, permiten a las personas mejorar su calidad de vida y favorecer su integración participativa en la sociedad.
La discapacidad se ha trasformado en una herramienta política y en una injusticia. La sociedad debe involucrarse y cada persona con certificado, debe pensar si realmente lo necesita y saber que esta usufructuado un beneficio, que no le corresponde.
Cuando más es menos
No obstante, la industria de equipamiento, la obsesiva terapia, la inclusión educativa y el abuso de recurso de amparo, sin la fundamentación técnica o real necesidad, afecta en términos estructurales el abordaje de esta problemática y amplía la brecha en el ejercicio pleno del derecho de las personas con discapacidad.
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Esta situación se encuentra agravado en aquellas personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad, con limitaciones de acceso a la educación, a las terapias y a la salud integral.
Las posibilidades del equipamiento son utópicas para muchas personas, mientras que, para otras, la tecnología asistida es el mejor recurso para una vida plena.
Discapacitados que no lo son
En la medida que sigamos generando discapacitados que no lo son, mayor es la precarización del beneficio que si necesitan las persona con discapacidad.
Tiene una injerencia directa en el presupuesto de salud y limita el real acceso a terapia y equipamiento.
Por último, es una utopía el acceso a puestos de trabajo para personas con discapacidad. No existe la integración.
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Obligamos al sistema educativo integrar a las personas con discapacidad, sin criterio ciertos y después no generamos salida laboral o emprendimiento. Favorecemos una vez más la frustración y la exclusión. Capacitamos para incapacitarlos nuevamente.
La sociedad debe denunciar esta injusticia y exigir a las autoridades el cumplimiento de la fiscalización en la política de discapacidad.
Lic. Gustavo Gheller es Fisioterapeuta, Lic. en Kinesiología y Fisiatría, especialista en Kinefisiatría Crítica, diplomado en Kinesiología del Trabajo, Ocupacional y Laboral g.gheller@hotmail.com
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